Fiscal Darviña Viera. Foto: La República
En 2020 la Operación Océano hizo historia como la
mayor investigación penal contra la explotación sexual infantil del país. Al finalizar el primer semestre del año, 32 hombres de
entre 50 y 70 años habían sido imputados y ocho de ellos procesados por involucrarse
sexualmente menores de edad. Algunos además por contribuir a su explotación
sexual y por suministrarles drogas.
Los delitos que se les tipificaron fueron la
retribución -o promesa de tal- a menores de edad para que ejecuten actos
sexuales o eróticos que figuran en los artículos 4º y 5º de la Ley 17.815 del
Código Penal. Esa ley refiere a la violencia sexual comercial o no comercial
contra niños, adolescentes o incapaces.
A algunos imputados con se les probó también contribuir a la explotación sexual
de menores, y a otros ofrecerles y suministrarles estupefacientes, lo previsto
en los artículos 31 y 35 de la Ley N° 14.294 de comercio ilícito de drogas, y los
artículos 14 y 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Dieciocho víctimas declararon en la causa, cuya
investigación continúa y se supone involucra a más personas.
Las menores explotadas tenían al momento de los
hechos entre 13 y 17 años y pertenecían a contextos de clase media.
Los imputados la mayoría de un alto poder adquisitivo, provenían del empresariado, la educación, la medicina, la política,
la Academia, e incluso el sistema judicial.
Entre ellos había profesionales que trabajaban con niñas, niños y adolescentes,
incluyendo un psicólogo, educadores y un ex juez de menores.
Los autodenominados “viejos verdes” trataban a quinceañeras como mercancía y
las compraban con regalos, viajes y perfumes, marihuana, lencería y
metanfetaminas.
Durante el proceso, y a través de sus defensores los
imputados adujeron desconocer la minoría de edad de edad de las víctimas.
Algunos argumentaron que los unía a ellas una relación de amistad. Por ejemplo
el empresario nocturno Nicolás Chirico, de los primeros procesados, admitió
haber tenido sexo con dos adolescentes de 16, y afirmó que era “normal” que
chicas de la edad de su hija, le tocaran timbre de mañana, finalizadas las
fiestas electrónicas, pidiendo drogas o que les comprara un desayuno.
La Fiscal a cargo de la
investigación, Darviña Viera, se hizo familiar en los medios de comunicación
con declaraciones parcas, que frenaron cada intento de hacer foco en el
carácter íntimo o escabroso del caso.
La experta en delitos sexuales se mantuvo férrea en su decisión de proteger la
identidad de las víctimas, y según explicó, su propia integridad.
Los abogados apelaron las formalizaciones en la
mayoría de los casos, e impugnaron la solicitud de la fiscalía de aplicar el
artículo 79 del Código de la Niñez, que suspende la patria potestad de los
imputados en tanto se les investigue por violencia sexual contra menores, aún
antes del veredicto.
La Operación Océano fue
un cachetazo a los prejuicios de la ciudadanía respecto a los abusadores y
explotadores sexuales. La pertenencia de los imputados a un círculo de
prestigio y poder fue un sacudón al error de adjudicar a la pobreza, la locura
o a la excepción el ejercicio de un poder patriarcal que toma como mercancía el
cuerpo de niñas en desarrollo. Y que naturaliza el hecho de que hombres de la
edad de sus propios padres o incluso abuelos se vinculen sexualmente con ellas.
La ciudadanía respondió con la ya habitual furia digital. La gente expresó su
repudio en las redes sociales y clamó por los nombres de los acusados.
Pero al mismo tiempo y
en gran parte, la opinión pública responsabilizó a las propias víctimas,
relativizando el carácter delictivo de los hechos.
La fiscal Viera afirmó en varias oportunidades que recién al avanzar el proceso
de judicialización las víctimas se habían empezado a reconocer como tales.
Y también que hay una parte de la sociedad que hasta
ahora, y aún mediando un proceso, no reconoce los delitos.
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